El Estatuto de los Consumidores Electrointensivos es el marco regulatorio creado para ayudar a las industrias con un consumo intensivo de electricidad en España. Su finalidad es proporcionar un régimen jurídico y económico que rebaje los costes de electricidad de estas industrias, aumentando su competitividad en mercados internacionales y rebajando el impacto de los precios de la energía en sus costes de producción.
El Estatuto regula tanto los requisitos para acceder a la condición de “consumidor electrointensivo” como los beneficios asociados — principalmente ayudas y compensaciones — así como las obligaciones que estas empresas deben asumir a cambio.
Aprobación y marco inicial
Aunque desde el año 2014 la Comisión Europea ya dejó establecido el marco jurídico a nivel europeo, no fue hasta el 15 de diciembre de 2020 cuando se publicó el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos en España. Su entrada en vigor supuso el estableciendo por primera vez de un régimen de acceso a ayudas, obligaciones técnicas y mecanismos de control para los consumidores intensivos en electricidad en España.
El objetivo inicial era doble: por un lado, reducir determinados costes regulados de la factura eléctrica; y por otro, fomentar una mayor previsibilidad de precios mediante contratos a medio y largo plazo vinculados a energías renovables.
Modificaciones normativas entre 2022 y 2026
Entre 2022 y 2023 se produjeron modificaciones significativas para adaptar el estatuto a las nuevas Directrices europeas de 2022, que sustituyeron a las directrices anteriores, que databan de 2014, sobre ayudas estatales en materia de energía y clima.
Desde 2024 a 2026 se han seguido produciendo cambios en el estatuto haciendo que el marco jurídico para las empresas pierda previsibilidad.
Los cambios más significativos desde la entrada en vigor del estatuto han sido los siguientes:
- Redefinición de los sectores elegibles, en función del riesgo de deslocalización entre sectores “en riesgo” y sectores “en riesgo significativo”.
- Revisión de los umbrales de calificación del cociente entre consumo y valor añadido bruto (VAB), los cuales han sido modificados a lo largo de los años en varias ocasiones.
- Ampliación del número potencial de empresas beneficiarias.
- Aplicación de nuevas formas de ayuda, como el descuento en parte de los peajes de transporte y distribución, que se han ido aplicando de manera intermitente.
- Revisión de los procedimientos de certificación anual, con mayor automatización administrativa, pero manteniendo exigencias de control.
Requisitos actuales para cualificar
En la actualidad, para obtener y mantener la condición de consumidor electrointensivo, las instalaciones deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
- Operar en un sector o subsector que pertenezca a uno de los códigos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) español incluidos en la normativa.
- Haber consumido más de 1 GWh de electricidad anualmente durante al menos dos de los tres años anteriores.
- Haber tenido un cociente entre el consumo anual y el valor añadido bruto de la instalación correspondiente al punto de suministro superior a 0,61 kWh/€ durante al menos dos de los tres años anteriores.
- Cumplir con las ciertas obligaciones de gestión energética, previsión de consumo y contratación de energía a plazo.
- Haber consumido en las horas correspondientes al periodo tarifario valle al menos el 46% de la energía durante al menos dos de los tres años anteriores. No obstante, este requisito ha sido eliminado de manera excepcional para este año 2026.
Beneficios y ahorros económicos
A lo largo de los años, la inscripción como consumidor electrointensivo ha permitido acceder a distintos mecanismos de reducción de costes:
1. Compensación de cargos del sistema eléctrico
Ayudas que se realizan en forma de subvención directa para sufragar una parte del coste de los cargos del sistema eléctrico abonados por el consumidor durante el año anterior.
La ayuda a la que puede acceso cada consumidor depende de la asignación presupuestaria asignada cada año para este concepto, así como del sector de actividad, el cual determina la calificación del consumidor electrointensivo entre “consumidor en riesgo” y “consumidor en riesgo significativo”.
En los últimos dos años la asignación presupuestaria para estas ayudas se ha reducido de forma significativa, como se puede ver en el siguiente gráfico.
2. Cobertura de riesgos para contratos de suministro a medio y largo plazo
Acceso a seguros de crédito y garantías o avales aportados por un fondo estatal creado para apoyar a los consumidores electrointensivos en la contratación de energía renovable a través de contratos a largo plazo tipo PPA.
3. Reducción de los peajes de transporte y distribución
Descuento del 80% en todos los componentes de la facturación eléctrica asociados a los peajes de transporte y distribución, tanto a sus componentes fijos que dependen de la potencia contratada, como a los variables que dependen del consumo de energía.
Este descuento se aplica de manera directa en la facturación de electricidad. Si bien su aplicación ha sido aplicada de manera intermitente durante los últimos años, en este momento es de aplicación al menos hasta final de 2026.
Conclusión
El Estatuto de los Consumidores Electrointensivos ha sido, desde su aprobación, el instrumento que ha permitido articular ayudas específicas para sectores con elevada exposición al coste eléctrico.
Durante los años en que ha estado operativo, el ahorro de costes efectivo ha sido muy variable según el perfil de consumo, el tamaño de la instalación, las asignaciones presupuestarias y la capacidad de cumplir eficientemente con las obligaciones asociadas.
Tras múltiples cambios desde su entrada en vigor, en 2026 el equilibrio entre los beneficios obtenidos por los consumidores electrointensivos y las obligaciones que deben cumplir para mantener su certificación es muy diferente al de hace unos años. En la actualidad, los beneficios son más selectivos, y dependen en mayor medida tanto del perfil de cada empresa como del apoyo legislativo y presupuestario a nivel político.
En este contexto, la decisión de acogerse o permanecer en el régimen de consumidor electrointensivo requiere un análisis económico individualizado, considerando tanto los ahorros potenciales como los costes de cumplimiento asociados.
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